Para cualquier político, cualquier cargo público e incluso cualquier persona que trabaje en la administración, las personas deben ser el centro de la acción politica. Y esto, que parece obvio no se tiene que reducir a proclamas a favor de los mas desfavorecidos, discursos elocuentes, fotos con la discapacidad, o personas excluidas. Demasiadas veces hemos visto los carteles dando la bienvenida a los refugiados, sin nada mas detrás. Demasiadas veces hemos visto anuncios sobre la modificación de la Constitución para cambiar la palabra “disminuido” por “personas con discapacidad” sin que haya otro motivo perverso detrás de tan loable intención. Demasiadas veces hemos visto abrir nuestras fronteras a los más vulnerables de la tierra, y después de la foto, como siempre ocurre, sea una ONG cristiana quien sin publicidad alguna, ni vergonzosos postureos,  hace llegar un pequeño rayo de esperanza de vida a los migrantes. Demasiadas veces se han apropiado de lo social, incluida la discapacidad, para que luego llegue otro y pague la “factura social” que han dejado después de la borrachera ideológica, que se quedó en las intenciones, y nunca llegó a los hechos.

 

Y eso fue lo que se encontró el gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2012. Para describir lo que yo viví en esos días no hace falta ni exagerar, ni ser partidista, ni ser políticamente incorrecto. Porque la cruda realidad que descubrí superaba infinitamente la ficción. La mayor vergüenza social de la historia de la democracia. Una ley de dependencia muerta y enterrada viva. Colapsada y con deudas de miles de millones de euros sin pagar desde 2008, o lo que es lo mismo, desde el inicio de la aplicación de la ley. Las entidades sociales de cualquier ámbito llevaban meses, e incluso años sin cobrar una subvención. Recuerdo que se debían más de 3.000 millones de euros a ONGs como Cruz Roja, Cáritas, Lucha contra la pobreza y la exclusión social, plataforma del voluntariado, CERMI, Plena inclusión, Cocemfe, Predif, Down España, Aspace, Salud Mental, Fiapas, CNSE, y así todas las entidades del país. Todos los Centros Especiales de Empleo. Todos los centros ocupacionales. 

 

Aquellos que no conocen el trabajo de nuestras organizaciones, pueden pensar que las subvenciones son un “premio” que el todo poderoso Estado reparte graciablemente. Desafortunadamente hay más gente que lo cree así, a gente que realmente sabe que las asociaciones son el brazo ejecutor de la acción social en España, y que lo que ingresan de las administraciones, lo dedican íntegramente a atender a las millones de personas que necesitan una red social para que no caigan en el abismo del olvido y de la indignidad de la vida. Brazo ejecutor mucho mas eficiente y eficaz que cuando lo ha querido hacer la propia administración. 

 

Hemos vivido unos años muy difíciles, los españoles hemos hecho grandes sacrificios, y el Gobierno ha tenido como objetivo la salida de la crisis, la recuperación económica. Años en los que la  economía parecía que lo ocupaba todo. Sin embargo,  desde el primer día, en paralelo, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de ocuparse de las políticas sociales. Como es obligación de cualquier responsable público. 

 

Hoy, que hablamos de salida de la crisis, recuperación económica, creación de empleo, toca seguir trabajando, porque a pesar de todos los esfuerzos, sigue habiendo muchas personas en graves dificultades. El camino recorrido no ha sido fácil, pero queda camino por recorrer, y lo importante es no cambiar el rumbo. 

 

En ese camino han estado siempre las personas con discapacidad. En primer lugar se quiso garantizar la igualdad y reforzar su protección en el ejercicio de sus derechos básicos. Y se hizo, a través de  la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en la que participaron las distintas organizaciones del Sector, y que asienta los cimientos de una sociedad inclusiva, abierta, justa y solidaria.

 

En ese camino, el equipo de Mariano Rajoy quisimos situar a las personas con discapacidad en primera línea de la agenda política, mejorando su calidad de vida y  favoreciendo su inserción laboral, para conseguir una verdadera inclusión.

 

Se promovió, de acuerdo con las entidades del Tercer Sector, más de 47 reformas legislativas, entre leyes, y resto de normativa de inferior rango. Se aprobaron  medidas fiscales, de protección ante los desahucios, medidas de empleo, de formación, de sanidad, de accesibilidad, etc. Nunca antes se había legislado tanto y de forma tan trasversal en materia de discapacidad.

 

Un pilar básico fue la FORMACIÓN. El 81% de los niños con discapacidad ya estudian en centros normalizados, pero todas las administraciones tenemos que seguir trabajando para aumentar este porcentaje. Se incrementaron los fondos destinados a los estudiantes con necesidad de apoyo específico, cuyos beneficiarios son cada vez más (más de 87.000), y que hoy  reciben más ayudas que en ninguna legislatura anterior.

 

En materia de empleo, el gobierno de Mariano Rajoy cambió el mercado laboral, también para las personas con discapacidad.

 

- Las administraciones públicas extendimos la reserva de puestos de trabajo, un 7% al MIR, un 5% a jueces y fiscales por primera vez.

- Recuperamos las medidas estatales de fomento del empleo para personas con discapacidad que habían sido eliminadas por el Gobierno de Zapatero.

- Impulsamos el emprendimiento de los jóvenes con discapacidad (Estrategia de Emprendimiento y Garantía Juvenil). 

- Y modificamos la Legislación, para que las administraciones no pudieran contratar con aquellas empresas que discrimen a las personas con discapacidad, o para que reserven un mínimo de contratos públicos en favor de los Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad, o de las Empresas de Inserción Social de personas en riesgo de exclusión.

 

Y esta apuesta común por la diversidad, la igualdad, esta voluntad de cambio obtuvo RESULTADOS alentadores: la contratación de trabajadores con discapacidad creció a un ritmo constante del  18-19% anual, llegando hasta los 800.000 contratos. A pesar de que aún las cifras  están alejadas del resto de la población, hay que decir que hoy trabajan en España mas personas con discapacidad, que nunca en la historia reciente.

 

Hemos dado respuesta también a otras reivindicaciones históricas del sector (CERMI), como la inembargabilidad de las prestaciones por discapacidad, la regulación de las cuentas durmientes, la creación de la tarjeta de estacionamiento válida a nivel nacional, o la compatibilidad entre pensión no contributiva e ingresos por desarrollo de actividad lucrativa, laboral y de formación…

 

Se trabajó mano a mano y codo con codo con las entidades del Tercer Sector. Ya desde el inicio de legislatura destinamos 3.000 millones de euros al pago de facturas pendientes de las CCAA a las entidades sociales tanto en el FLA como en el Plan de Pago a Proveedores. Hicimos frente a la mayor deuda  a las entidades sociales que se ha conocido en España y que espero no se repita más en el futuro. 

 

Además, se creó la Mesa del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector intensificando la colaboración entre el Gobierno y las entidades. Nunca antes un Gobierno había tenido esta interlocución tan estrecha, nunca antes cada acción (ley, plan, estrategia) que el Gobierno aprobara se consensuaba, negociaba o directamente partía de las entidades, por ello nunca antes se había legislado tanto con y para las entidades. 

 

Buena prueba de ello son las leyes del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado, un hito histórico. Mediante estas normas quisimos reconocer la labor de las entidades y fortalecer su espacio de protagonismo como colaboradoras necesarias de las administraciones para desarrollar políticas sociales. 

 

Afortunadamente antes de la moción de censura, quedaron aprobados los presupuestos generales del Estado de 2018. Esto garantiza a las personas con discapacidad y al tercer sector:

 

 

No lo hemos hecho todo. Es imposible por que en discapacidad siempre hay que seguir avanzando. Pero con este  breve repaso es más que evidente el compromiso de Mariano Rajoy con la discapacidad en España.

 

No debo ser yo quien marque el rumbo de las necesidades de la discapacidad al nuevo gobierno. Hay temas de calado que debemos trabajar entro todos, como son el voto de las personas con la capacidad juridica modificada, elevar al rango de derechos fundamentales los derechos sociales, avanzar en la educación inclusiva, respetando siempre el derecho de los padres a decidir lal educación para sus hijos. Igualar al resto de los ciudadanos la capacidad juridica de las personas con discapacidad. La supresión del internamiento forzoso por razón de discapacidad psicosocial o salud mental. La accesibilidad universal real. Las desigualdades de las mujeres con discapacidad.

 

Para afrontar estos retos el gobierno podrá contar con el compromiso del Partido Popular. El partido que con los hechos y no con palabras, ha conseguido el empoderamiento de las personas con discapacidad.